La violencia de género y la violencia sexual son problemas colectivos que nos desafían socialmente. Nos afectan como ciudadanía porque pone en riesgo la igualdad y la dignidad humana, además de reflejar desigualdades estructurales y de roles de poder. Cada acto de violencia de género y cada acto de violencia sexual dañan no solo a la víctima, sino a familias, comunidades e incluso instituciones que deben proteger el respeto y los derechos humanos.
Las víctimas no deben enfrentar la violencia solas y de manera aislada; su situación y recuperación dependen del acompañamiento social, legal, psicológico y comunitario que reciban. Existe una responsabilidad estatal de protección de toda su ciudadanía y, por tanto, de prevenir, pero también de otorgar derechos, recursos y servicios de reparación para las personas que lo sufren y de castigo y penalización para los agresores. Pero tampoco se puede olvidar que son vitales los entornos de las víctimas para que las mujeres se sientan protegidas y respaldadas.
Las mujeres que sufren las violencias de género y las violencias sexuales se sienten en muchas ocasiones desamparadas, sin fuerzas y sin recursos. Los agresores les provocan un aislamiento social que agranda su situación de soledad y desamparo. Los sentimientos de fracaso en su relación, temor por su futuro, miedo e inseguridad por su integridad y la de sus hijas e hijos e incluso sentimientos de culpa inculcados por el agresor las paralizan y les dificultan salir del contexto de violencia. La sensación de haber traicionado al agresor –que en algunos casos es el padre de sus hijos– cuando denuncian frena muchas veces la búsqueda de ayuda y la expresión de su malestar.
Sin embargo, la escucha activa, la empatía y la sensibilización colectiva pueden contribuir a que las víctimas ganen confianza para denunciar y salir del círculo de violencia. La existencia de un volumen importante de delegadas y delegados en los centros de trabajo puede ser un foco de seguridad e información para las trabajadoras que sufren violencias machistas.
Admitir que la violencia de género y las violencias sexuales son un problema social supone asumir un compromiso social y, por tanto, en acción sindical, reivindicando, a su vez, unas políticas públicas concretas.
Empezar por reconocer la violencia, practicar la escucha activa, educar en igualdad y promover relaciones respetuosas puede ser parte de la solución con la que todas y todos podemos ayudar.
Por nuestra parte, en CCOO MasOrange hemos reclamado nuevamente a la Dirección la inclusión de las víctimas de violencia de género en la tarifa social de la empresa.
En CCOO somos punto violeta, un espacio seguro contra la violencia de género. Puedes contar con nosotras.
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